• DWA reforzó cinco marcos jurídicos clave en Angola para garantizar una gobernanza de la tierra que tenga en cuenta las cuestiones de género, entre ellos la Ley de Tierras, el Código Minero de Angola, la Ley contra la Violencia Doméstica, el Plano de Desenvolvimento Nacional 2023/27 (PDN) (Plan Nacional de Desarrollo) y el Reglamento sobre la Ventanilla Única para la Concesión de Derechos sobre la Tierra.
• Aprobación y adopción de la plataforma digital : Single Window for Land Rights Concession digital platform (Ventanilla Única para la Concesión de Derechos sobre la Tierr) con el fin de descentralizar y formalizar los procesos relacionados con la tierra, haciendo que los derechos sean más accesibles y transparentes para las mujeres.
  
• Se elaboraron recomendaciones específicas y viables para reforzar la ley contra la violencia doméstica, con el fin de incluir explícitamente la victimización relacionada con la tierra y la vivienda como una forma reconocida de abuso que requiere la intervención formal de los tribunales, garantizando que las mujeres dispongan de recursos legales más allá de las autoridades tradicionales, que pueden defender las normas patriarcales.

• Papel fundamental en la elaboración del proyecto de ley de agricultura urbana y seguridad alimentaria de Nairobi (2024), que establece el acceso equitativo a los recursos agrícolas para las mujeres, los jóvenes y los grupos marginados e institucionaliza el equilibrio de género al exigir la representación en el Comité de Agricultura Urbana y Seguridad Alimentaria del NCC.
• Se ha reforzado e institucionalizado el vínculo entre las experiencias vividas por las comunidades de base y los procesos políticos formales, aprovechando espacios como el Nairobi and Environs Food Security, Agriculture and Landscape Forum (NEFSALF Foro sobre Seguridad Alimentaria, Agricultura y Paisaje de Nairobi y Alrededores ) y el Grupo Consultivo de Enlace Alimentario (FLAG) para garantizar que las voces de las mujeres, la juventud y los pequeños productores informen e influyan directamente en los procesos
• El compromiso constante con los funcionarios gubernamentales ha dado lugar a un cambio hacia servicios de extensión agrícola con perspectiva de género, equipados para llegar a las mujeres de los asentamientos informales.

• Se logró la inclusión de la Sección 14A de la enmienda a la Ley de Actualización de Derechos de Tenencia de la Tierra (ULTRA), en colaboración con abogados de la práctica privada: esto estableció un recurso judicial tangible para las mujeres afectadas por la conversión de alojamientos de alquiler en municipios a títulos individuales, permitiéndoles acudir a los tribunales para anular registros injustos, corregir injusticias sistémicas y recuperar sus derechos de tenencia.

• Garantizó la inclusión de propuestas clave con perspectiva de género en el Libro blanco de Asentamientos Humanos, Abogando por una vivienda equitativa en cuatro áreas prioritarias, incluyendo viviendas familiares, asentamientos informales, propiedades registradas y arrendamientos. Esto se logró mediante la participación activa en consultas y la presentación proactiva de documentos escritos en colaboración con socios comunitarios y de la sociedad civil.

• Se ha institucionalizado con éxito una cuota de representación femenina del 33 % en la legislación nacional relativa a la vivienda y la tierra., incluida la Ley de Planificación Física (Enmienda), la Ley de Tierras y la Ley de Control de la Construcción (Enmienda). Esto garantiza que la participación de las mujeres sea obligatoria por ley en los órganos de toma de decisiones de alto nivel que dictan la asignación de tierras y el desarrollo urbano.
• Participó activamente en las revisiones de la Política Nacional de Tierras de 2013 y la Ley de Tierras Cap. 227 de 2010, aportando contribuciones clave y documentos de posición en los que abogaba por un mayor equilibrio de género.
• SSA obtuvo el compromiso institucional mediante la firma de memorandos de entendimiento (MOU) con las autoridades locales de cuatro distritos del proyecto, en los que se estipulaba la adopción de las propuestas de los ciudadanos en la planificación y presupuestación anual del Gobierno, garantizando así la integración de las prioridades del proyecto en materia de género.

• En Túnez, Incluso entre las mujeres con un alto nivel educativo, la desigualdad se traduce en una brecha salarial estructural del 10,4 %, lo que compromete directamente la estabilidad de la vivienda y la autonomía energética. Esta disparidad significa que las mujeres entran en el mercado inmobiliario con un 10 % menos de poder que los hombres, lo que las convierte en las primeras en sufrir la privatización de los servicios básicos. Esto significa que, cuando se privatizan servicios públicos como el agua y la electricidad, estos costes suponen una mayor parte de los ingresos más bajos de las mujeres, lo que conduce a la pobreza energética.
• Aprobación y adopción de la plataforma digital : Single Window for Land Rights Concession digital platform (Ventanilla Única para la Concesión de Derechos sobre la Tierr) con el fin de descentralizar y formalizar los procesos relacionados con la tierra, haciendo que los derechos sean más accesibles y transparentes para las mujeres.
  
• Se elaboraron recomendaciones específicas y viables para reforzar la ley contra la violencia doméstica, con el fin de incluir explícitamente la victimización relacionada con la tierra y la vivienda como una forma reconocida de abuso que requiere la intervención formal de los tribunales, garantizando que las mujeres dispongan de recursos legales más allá de las autoridades tradicionales, que pueden defender las normas patriarcales.

La resistencia tanto en Egipto como en Túnez se está manifestando como un movimiento liderado por mujeres y grupos de defensa que reclaman la reforma de las leyes sobre el estatuto personal para garantizar que el divorcio o la viudez no supongan la pérdida de los bienes.

• En Uruguay, los títulos de propiedad de las viviendas solían estar a nombre del hombre, que era el que traía el dinero a casa, lo que dejaba a las mujeres expuestas a la violencia patrimonial., donde una mujer no puede abandonar una relación abusiva porque no tiene derecho legal sobre la vivienda. La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda de Ayuda Mutua (FUCVAM) lleva más de cinco décadas demostrando que, a través de la producción social de hábitat, La autogestión colectiva del hábitat es una alternativa viable al mercado especulativo.. Su modelo se basa en la ayuda mutua, donde el trabajo y el esfuerzo organizado de las familias trabajadoras sirven como capital principal para construir viviendas estables y de alta calidad en terrenos públicos o de propiedad colectiva. La FUCVAM también ha impulsado con éxito leyes de copropiedad para garantizar que las mujeres tengan los mismos derechos legales a las viviendas, protegiéndolas de la falta de hogar en casos de separación o violencia doméstica.

En España, la resistencia a la financiarización de la vivienda se manifiesta a través de sindicatos de inquilinas., una poderosa resistencia colectiva en la que las mujeres están al frente de las campañas contra los desahucios, utilizando la negociación colectiva contra los grandes propietarios y los fondos de inversión, así como herramientas como las huelgas de alquileres, la presión social y la desobediencia civil organizada para detener los desahucios. Por enmarcar la vivienda como un derecho fundamental en lugar de un activo especulativo, el Sindicato ofrece una plataforma para que los residentes vulnerables, como Mari Carmen, transformen su inseguridad residencial privada en una lucha política pública.

La Morada es una iniciativa feminista pionera que se opone a la financiarización de la vivienda y sustituye la lógica especulativa por un modelo de derechos de uso colectivo. A diferencia del mercado privado, el edificio es propiedad de una cooperativa, que concede a los residentes un derecho de uso de 70 años que garantiza la estabilidad de por vida y mantiene el terreno permanentemente desmercantilizado.. Su diseño arquitectónico desafía deliberadamente la división tradicional del trabajo al socializar el cuidado a través de cocinas compartidas, lavanderías y patios comunitarios, trasladando efectivamente la carga del trabajo doméstico del individuo aislado al colectivo. Al centrarse en la disidencia sexual y de género y ofrecer tarifas basadas en la sostenibilidad del proyecto en lugar de en los beneficios del mercado, La Morada demuestra que La vivienda puede ser un bien común diseñado para la sostenibilidad de la vida, en lugar de para la extracción de riqueza.