Eslogan y reivindicación de los movimientos sociales urbanos para orientar políticas más equitativas e inclusivas, como alternativa a las políticas y prácticas urbanísticas actuales que conducen a la segregación, privatización y distribución inequitativa de los bienes y servicios públicos. Generalmente se atribuye al sociólogo francés Henri Lefebvre haber desarrollado la noción de un “derecho a la ciudad” en su libro Le droit à la ville (París: Anthropos, 1968).

Actualmente, el argumento del “derecho a la ciudad” se apoya en un conjunto de derechos humanos existentes, además de reivindicaciones específicas del derecho al acceso a la tierra, el agua, el saneamiento, el transporte y el espacio público, así como el concepto de la “función social” de la tierra, la vivienda y la infraestructura conexa y los bienes y servicios públicos. El “derecho a la ciudad” se elabora en el borrador de la “Carta sobre el Derecho a la Ciudad”, que se desarrolló a partir de los movimientos sociales urbanos en América Latina y se difundió a través del Foro Social Mundial.

El acto o proceso de desalojo; o estado de desalojo; la recuperación de tierras, predios, etc., de la posesión de otro por el debido curso de la ley; despojo por título supremo o reclamación de tal título; expulsión; despido. Remoción de un inquilino de la propiedad de alquiler por parte de un oficial de la ley después de la demanda exitosa del propietario, también conocida como “retención ilegal”.

Definido en el derecho internacional como “el traslado permanente o temporal contra su voluntad de individuos, familias y/o comunidades de los hogares y/o tierras [that] que ocupan, sin la provisión de formas apropiadas de protección legal o de otro tipo ni acceso a ellas”.

En teoría, una función social es “la contribución hecha por cualquier fenómeno a un sistema mayor del cual el fenómeno es parte” (Thomas Ford Hoult, Dictionary of Modern Sociology). En la práctica, la función social de una cosa es su uso o aplicación en beneficio de la sociedad mayor, en particular, priorizando a quienes más lo necesitan. Así, la función social de una propiedad, bien, recurso o servicio se realiza cuando se aplica para satisfacer una necesidad social general o la necesidad insatisfecha de un segmento de la sociedad. Independientemente del tipo de tenencia, los titulares de viviendas o terrenos tienen el correspondiente deber social de utilizarlos y/o disponer de ellos en consecuencia.

El derecho internacional consuetudinario, incluido el derecho de los derechos humanos, garantiza el “derecho a la propiedad individual o en asociación con otros” de todos y que “nadie será privado arbitrariamente de su propiedad” (DUDH, artículo 17). Sin embargo, no existe un tipo o definición universal de derechos de propiedad, mientras que los derechos de propiedad se derivan de los contextos de la cultura y la comunidad. Un derecho de propiedad es la autoridad y el derecho a determinar cómo se usa un recurso, independientemente de la parte que tenga ese derecho. No obstante, un derecho de propiedad, incluso un derecho de propiedad privada, no es absoluto. Uno de los límites a un derecho de propiedad es la función social inherente a esa propiedad, sujeta a las normas y estándares que la sociedad determine.

Como la separación y las distinciones entre lo urbano y lo rural son cada vez más difíciles de hacer, el continuo urbano-rural es un término que se usa para enfatizar que no hay puntos de ruptura distintos entre lo urbano y lo rural. Por definición, un continuo es “un todo coherente caracterizado como una colección, secuencia o progresión de valores o elementos que varían en grados mínimos”. Así, el continuo urbano-rural supone una gradación entre ciudades y comunidades rurales, con muchas variedades de tamaños de comunidad, estilos de vida, culturas y asentamientos en el medio. Este término se ha vuelto cada vez más importante en los foros internacionales a medida que los formuladores de políticas, las agencias de desarrollo, las organizaciones y la sociedad civil se esfuerzan por abordar las realidades espaciales, sociales y económicas para lograr un desarrollo complementario entre las áreas rurales y urbanas y la integración social.

En este sentido, es importante que el continuo rural-urbano no sea conceptualizado como una construcción lineal, o como una simple gradación o desvanecimiento de megalópolis a finca rural, por ejemplo. En realidad, los asentamientos humanos son complejos, con elementos tradicionales de lo “urbano” y lo “rural” entremezclándose y en constante interacción. Al reclamar este término, la sociedad civil y los defensores del desarrollo integrado insisten en que el continuo rural-urbano debería denotar las relaciones entre ciudades-región, centros urbanos, zonas agrícolas y todas las demás formas de hábitat humano, y enfatizar la necesidad de acercarse a las regiones en su complejidad real, en su totalidad, en lugar de transmitir el sentido de simbiosis rural-urbana, en lugar de eliminar divisiones artificiales e insostenibles.

Todos los procesos no comerciales llevados a cabo bajo la iniciativa, gestión y control de los habitantes que generan y/o mejoran espacios de vida adecuados, viviendas y otros elementos de desarrollo físico y social, preferentemente sin —y a menudo a pesar de— los impedimentos impuestos por el Estado u otra estructura formal o autoridad.