Image © “Creative Commons” by MONUSCO Photos via Flickr license BY CC 2.0.
La República Democrática del Congo (RDC) se enfrenta a una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La situación es desesperada, con 5,6 millones de desplazados internos, de los cuales más de 4 millones se encuentran en las provincias orientales de Kivu del Sur, Kivu del Norte e Ituri, y más de 990 000 refugiados congoleños en toda África.
Como Miembros de la Coalición Internacional para el Hábitat (HIC), nos solidarizamos firmemente con el pueblo de la República Democrática del Congo, en particular con los desplazados por décadas de conflicto. La violencia actual en el este del Congo es otro claro ejemplo del fracaso de los Estados a la hora de mantener la paz internacional y el Estado de derecho. Ahora, más que nunca, el pueblo de la República Democrática del Congo necesita apoyo mundial.
El papel de Ruanda en la crisis
Se reconoce que el ejército ruandés ejerce un control de facto sobre las operaciones del M23, lo que convierte a Ruanda en directamente responsable de los crímenes cometidos contra el pueblo congoleño.
El 26 de enero de 2025, soldados ruandeses, la milicia M23 y fuerzas aliadas atacaron la ciudad de Goma, matando e hiriendo a miles de civiles. Al día siguiente, las fuerzas ruandesas bombardearon dos hospitales, atacando a pacientes vulnerables, entre ellos mujeres y niños. El M23 también ha saboteado infraestructuras críticas, como las torres de transmisión eléctrica esenciales para suministrar agua potable a la población civil.
Participación y complicidad internacionales
Ruanda ha sido durante mucho tiempo un representante de los intereses occidentales en la región de los Grandes Lagos, rica en minerales. El ejército del país está armado por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la Unión Europea (UE), y cuenta con el apoyo de Uganda e Israel, que suministra inteligencia, programas espía y armas. Estos actores han violado repetidamente el derecho internacional, alimentando las atrocidades en curso.
Como resultado de estos ataques coordinados, las fuerzas respaldadas por Ruanda han desplazado a más de siete millones de congoleños y han expulsado por la fuerza a 400 000 personas de sus hogares y tierras solo en 2025. Continúan los horrendo crímenes de guerra, incluido el brutal asesinato a machetazos de más de 60 personas hema desplazadas en el territorio de Djugu, provincia de Ituri. Estos ataques reflejan las atrocidades del genocidio de Ruanda de 1994, lo que subraya aún más la urgente necesidad de responsabilidad internacional.
Un llamamiento a la justicia y la acción
Expresamos nuestra solidaridad con las decenas de miles de ciudadanos congoleños que protestan por la invasión extranjera de su país. Estas valientes personas exigen el fin de la violencia y la explotación de su tierra por parte de las potencias imperiales y los Estados cómplices.
HIC se une a los grupos de la sociedad civil que condenan los violentos crímenes de Ruanda. También respaldamos el llamamiento del obispo de Goma a todas las partes para que respeten los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y a una vivienda adecuada. Los desalojos forzosos en zonas de conflicto constituyen graves violaciones de los derechos humanos, que justifican reparaciones en virtud del derecho internacional.
Acogemos con satisfacción la reciente resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que establece una investigación independiente sobre las violaciones de los derechos humanos en la República Democrática del Congo. Sin embargo, observamos que las fuerzas de paz de la MONUSCO han incumplido su mandato de proteger a los civiles y pedimos mejoras inmediatas.
Exigencias urgentes a la comunidad internacional
Hacemos un llamamiento a los gobiernos, las instituciones internacionales y las organizaciones humanitarias para que tomen medidas decisivas:
- Entregar ayuda humanitaria a la población de Goma.
- Revocar el fallido «estado de sitio» en Ituri y Kivu del Norte, garantizando la protección de los desplazados internos.
- Reforzar la seguridad de los desplazados internos vulnerables y de la población civil, facilitando al mismo tiempo la ayuda humanitaria en el territorio de Djugu.
- Ampliar las sanciones contra las personas y empresas implicadas en atrocidades en la República Democrática del Congo, en particular las dirigidas contra las comunidades hema, alur y banyamulenge.
- Garantizar que las autoridades locales y las instituciones públicas cesen las transacciones con empresas que trafican con recursos extraídos ilegalmente de la República Democrática del Congo.
- Apoyar a la Corte Penal Internacional (CPI) en el enjuiciamiento y castigo de los responsables de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en la República Democrática del Congo.
El pueblo de la República Democrática del Congo ha sufrido durante demasiado tiempo. El mundo debe actuar ahora para lograr la justicia, la rendición de cuentas y una paz duradera.
