Desde HIC-HLRN mostramos una profunda tristeza por la destrucción masiva y generalizada, la pérdida de decenas de miles de vidas y el desplazamiento, la desposesión y la falta de vivienda de millones de personas a causa de dos devastadores terremotos de magnitud 7,8 y 7,5 Mw que sacudieron el sureste de Türkiye y el noroeste de Siria en la madrugada del lunes 6 de febrero de 2023. Dos semanas después, un seísmo de magnitud 6,3 sacudió la misma región el 20 de febrero.
La destrucción resultante ha dejado al menos 50.420 muertos y más de 108.600 heridos en el momento de redactar este informe. Los terremotos del 6 de febrero afectaron a diez provincias vecinas de Turquía [*] y causaron más de 6.680 muertos y 14.500 heridos en seis zonas afectadas de Siria.[†] Los informes indican que más de 47.000 edificios se derrumbaron o están gravemente dañados en diez provincias de Turquía, mientras que más de 9.000 edificios han quedado total o parcialmente destruidos en Siria, dejando al menos a 11.000 familias sin hogar solo en Harim y Afrin. Se calcula que 5,3 millones de personas en Siria pueden verse afectadas y necesitar ayuda para encontrar refugio en todo el país.
Esta Red de defensa de los derechos a la vivienda y a la tierra saluda a las numerosas organizaciones humanitarias, trabajadores y trabajadoras, y personas voluntarias que durante días han luchado por rescatar a las víctimas contra tantas adversidades. En esta grave catástrofe, HIC-HLRN también expresa su profunda preocupación por las complicadas condiciones de prestación de ayuda a la población asediada en Siria, que ya se enfrenta a enormes desafíos humanitarios en las zonas no controladas por el gobierno.
Décadas de intransigencia política por parte de los regímenes turco y sirio han dado prioridad a los intereses políticos y autoritarios por encima de la seguridad humana y las medidas preventivas, así como de la ayuda y el socorro humanitarios de emergencia. La magnitud de la catástrofe actual es en gran medida resultado de las políticas neoliberales y políticamente nepotistas y de otras formas de corrupción de ambos regímenes. La devastación también pone de manifiesto el prolongado abandono y conflicto en las regiones kurdas y las zonas controladas por otros grupos rebeldes y de la oposición. Además, las sanciones impuestas desde hace tiempo por la Unión Europea y Estados Unidos contra Siria han tenido un efecto acumulativo. El alcance internacional del régimen de sanciones de Estados Unidos en virtud de la Ley César de Protección Civil de Siria, a pesar de haber sido suspendido temporalmente, ha impedido la ayuda a las víctimas sirias del terremoto.
Hasta ahora, ningún equipo pesado, experto internacional en rescate o combustible ha cruzado la frontera turca hacia Siria. El acceso humanitario desde las zonas controladas por el gobierno sirio ha sido lento y/o bloqueado por el régimen de al-Asad. Aunque al-Asad ha abierto dos cruces más hacia la región afectada, muchos en la zona del terremoto se muestran escépticos sobre sus motivos y sospechan que utilizará la situación para consolidar su odiado régimen sobre la zona.
HIC-HLRN también expresa su preocupación por el trato sistemáticamente desigual que reciben los territorios de mayoría kurda en toda la región. Estos son también los territorios que han acogido a millones de refugiados de Siria, muchos de los cuales han sido trasladados a apartamentos construidos apresuradamente y sin licencia, exentos de las normas de seguridad antisísmica, y sujetos a la corrupción oficial y a una deficiente aplicación de la normativa que ha puesto en peligro a la población. El auge de la construcción en muchos centros urbanos de Turquía se ha producido después de que el ejército destruyera más de 3.500 pueblos kurdos en zonas rurales del sureste de Turquía entre 1991 y 1996.
Ciudades de mayoría kurda como Diyarbakır, en Anatolia oriental, han sido testigos de periodos de enfrentamientos entre las fuerzas turcas y el Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), especialmente desde el fallido alto el fuego de finales de 2015. Los subsiguientes asaltos del gobierno turco a los centros urbanos de mayoría kurda han dado lugar a graves violaciones de derechos humanos que han implicado el derribo de barrios enteros, confiscados por el gobierno central y reconstruidos para los especuladores, sin tener en cuenta la especificidad cultural local, los derechos de vivienda y propiedad, ni las medidas necesarias para minimizar los riesgos en la planificación urbana, los edificios de baja altura, los códigos de construcción y la aplicación de las normas existentes.
En Turquía, una reciente amnistía gubernamental ha exonerado a los constructores de millones de estructuras ilegales hasta 2019, a pesar de las advertencias de los expertos-as sobre los riesgos sísmicos actuales e inminentes. De este modo, los funcionarios del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP) son responsables de las infracciones por comisión y omisión que han causado el elevado número de muertes y destrucción provocadas por los terremotos. Además, la administración del presidente Erdoğan ha sido duramente criticada por la ejecución “tardía, incompleta o defectuosa” de las labores de búsqueda y rescate.
El proceso de desarrollo y urbanización precipitado y mal planificado caracteriza a toda la región. Estos malos resultados de desarrollo han perseguido especialmente a las comunidades vulnerables y minoritarias, sometiendo a millones de personas a riesgos medioambientales.
La Unión de Colegios de Abogados de Turquía ha descrito esta negligencia como un delito perseguible perpetrado por contratistas sin escrúpulos y autoridades y profesionales locales que prepararon planos, proyectos y diseños arquitectónicos, estáticos y de otro tipo para esos edificios. Esta responsabilidad se extiende a los funcionarios que expidieron permisos de zonificación y ocupación para estas estructuras inseguras, a los funcionarios municipales que no han llevado a cabo inspecciones eficaces y a los funcionarios ministeriales que no se aseguraron de que las inspecciones se llevaran a cabo correctamente. Todo ello a pesar de las lecciones aprendidas del terremoto de Mármara de 1999 en el oeste de Turquía, que reveló la corrupción de la construcción con materiales de calidad inferior, así como la posterior mejora de los códigos de edificación.
HIC-HLRN también elogia los esfuerzos de los gobiernos y autoridades locales por responder heroicamente a esta nueva crisis para atender las necesidades materiales y psicosociales esenciales de las víctimas del terremoto. Irónicamente, el gobierno central también ha emitido órdenes de arresto contra más de 100 personas en las diez provincias afectadas por el seísmo, ya que el Ministerio de Justicia ordenó a los funcionarios de esas provincias la creación de “Unidades de Investigación de Delitos por el Terremoto.”
HIC-HLRN also commends the efforts of local governments and authorities to respond heroically to this new crisis to provide essential material and psycho-social needs of the quake victims. Ironically, the central government also has issued arrest warrants for more than 100 people across the ten provinces affected by the quake, as the Justice Ministry ordered officials in those provinces to set up “Earthquake Crime Investigation Units.”
Llamamientos de HIC-HLRN
HIC-HLRN hace un llamamiento a los gobiernos turco y sirio, así como a los grupos rebeldes que controlan efectivamente las zonas de conflicto en el noroeste de Siria, para que asuman sus responsabilidades para con las víctimas del terremoto:
- Prestar y facilitar la prestación de ayuda de emergencia y de socorro como primera prioridad para satisfacer las necesidades inmediatas y de subsistencia de las poblaciones afectadas;
- Ayudar a las comunidades afectadas a satisfacer las necesidades esenciales de los desplazados internos y las comunidades de acogida, como alimentos, refugio y enseres domésticos;
- Proporcionar servicios sanitarios físicos y psicológicos de emergencia y continuados;
- Procesar a todos los responsables de evadir o violar los códigos de construcción a prueba de terremotos dentro de la jurisdicción de los estados;
- Evitar cualquier forma de discriminación por motivos étnicos, de género o de afiliación política a la hora de proporcionar ayuda o seguridad de tenencia a las víctimas del terremoto;
- Reformar urgentemente las políticas de urbanización y desarrollo territorial para eliminar la discriminación institucionalizada y material por motivos de etnia, género o afiliación política, así como cualquier otra forma de corrupción financiera y política, y
- Aplicar escrupulosamente los códigos de construcción antisísmica y las normas de urbanismo.
También hacemos un llamamiento a todas las partes internacionales, incluidos los organismos benéficos y de desarrollo, así como a los particulares interesados, para:
- Contribuir generosamente a los esfuerzos de reparación de los actores locales, especialmente, para proporcionar ayuda de emergencia en consonancia con los objetivos de desarrollo a más largo plazo dentro del marco general de los derechos humanos, en particular,
- Aplicar escrupulosamente los criterios del derecho humano a una vivienda adecuada en todas las medidas inmediatas y a largo plazo para albergar y realojar a los afectados por los terremotos.
[*] Adıyaman, Kilis, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, así como Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana y Hatay, Elazığ
[†] Alepo, Idlib, Lattakia, Tartous, Homs y Hama.
