en el contexto del cambio climático, por el derecho a vivienda Luchas locales la urbanización y la degradación del medio ambiente

 Un proyecto conjunto de la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), MISEREOR y seis organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito del derecho a la vivienda y cuestiones relacionadas a nivel nacional y local, varias de ellas Miembros de HIC

 

 

En todo el mundo, el derecho a una vivienda adecuada está amenazado por el cambio climático, la urbanización y la degradación del medio ambiente. La población urbana está creciendo, en parte porque cada vez más personas se trasladan a las ciudades. Este desplazamiento se debe en gran medida a factores relacionados con el clima.

Los habitantes de los asentamientos informales y las personas que viven en la pobreza son particularmente vulnerables a los efectos cada vez más graves de la crisis climática, como desastres naturales, fuertes tormentas y el aumento del nivel del mar. Las comunidades en situación de pobreza suelen verse obligadas a asentarse en tierras precarias de la costa, en las riberas de los ríos, en las laderas de las montañas, o en terrenos frecuentemente expuestos a inundaciones. Esto aumenta su vulnerabilidad a los desastres relacionados con el clima, como los deslizamientos de tierra, las inundaciones, las tormentas extremas o la elevación del nivel del mar.

Las comunidades en situación de pobreza y los habitantes de los asentamientos informales son los más afectados por el cambio climático, la degradación del medio ambiente y otras crisis, como la pandemia de COVID-19. Sin embargo, en la mayoría de los casos no reciben ningún apoyo para protegerse y hacer frente a estos problemas. Esta desatención suele ser una consecuencia de que la sociedad o el Estado no reconocen a estas personas como titulares de derechos. Además, el cambio climático y la reducción del riesgo de desastres se utilizan cada vez más como excusas para llevar a cabo demoliciones y desalojos de los asentamientos informales y dar cabida a proyectos de modernización y desarrollo, sin que existan programas adecuados de reasentamiento de las personas desplazadas.

Disponer de vivienda adecuada, con acceso al agua, instalaciones sanitarias y otras infraestructuras y servicios necesarios, es indispensable para mejorar la resiliencia a las crisis, tanto en caso de desastres relacionados con el clima como de pandemias. Los Estados deben adoptar medidas urgentes para garantizar que se respeten, protejan y cumplan esos derechos, incluso para los más desfavorecidos de la sociedad. La participación de las personas afectadas es fundamental. Por ello, los Estados deben dialogar directamente con las comunidades en situación de pobreza para comprender sus necesidades y trabajar con ellas en la elaboración de soluciones sostenibles.

Esta publicación es un proyecto conjunto de la Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (Iniciativa Global por los Derechos Económicos, Sociales y Culturales), MISEREOR y seis organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito del derecho a la vivienda y cuestiones relacionadas a nivel nacional y local, varias de ellas Miembros de HIC:

– Fundacio n Salvadoreña de Desarrollo y Vivienda Mi nima (FUNDASAL), El Salvador
– Association pour l’Amour du Livre et le Développement Local (ASSOAL), Cameroon
– Pagtambayayong, the Philippines
– Community Organizers Multiversity (COM), the Philippines
– Centro de Investigación, Documentación y Asesoría Poblacional (CIDAP), Peru
– Spaces for Change, Nigeria.

La publicación tiene por objetivo mostrar cómo el derecho a una vivienda adecuada y los derechos relacionados (por ejemplo, suministro de agua e instalaciones sanitarias) se ven amenazados por el cambio climático, la creciente urbanización y la degradación del medio ambiente, poniendo de relieve experiencias sobre el terreno en África, Asia y América Latina. La publicación pretende además promover un enfoque integrado en la formulación de propuestas políticas y presenta ejemplos de incidencia política desde la base y soluciones lideradas por la comunidad de la mano de varios grupos de la sociedad civil de cinco países diferentes: Camerún, El Salvador, Filipinas, Nigeria y Perú. El informe concluye con recomendaciones a los gobiernos nacionales, a los gobiernos locales y a los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas.

Los resultados de la publicación se presentaron durante el evento online “Luchas locales por el derecho a la vivienda en el contexto del cambio climático, la urbanización y la degradación ambiental”: ¿Cómo crear comunidades “resilientes” ante las múltiples crisis, incluida la de COVID-19?”, que tuvo lugar el 5 de octubre, Día Mundial del Hábitat. Nos complace compartir con ustedes la siguiente información: