Miles de palestinos ven negado su derecho fundamental a vivir como una familia por una ley israelí que debe ser revisada a finales de este mes.
La Ley sobre Ciudadanía y Entrada en Israel prohíbe a los israelíes casados con palestinos de los Territorios Ocupados vivir con sus cónyuges en Israel
En un informe hecho público hoy y titulado Torn Apart: Families split by discriminatory policies, Amnistía Internacional pide a Israel que derogue la ley sobre unificación familiar, que discrimina tanto a los palestinos de Gaza y Cisjordania, como a los ciudadanos palestinos de Israel y a los residentes de Jerusalén que se casan con ellos
La organización de derechos humanos ha manifestado: “La Ley sobre Ciudadanía y Entrada en Israel institucionaliza la discriminación racial en contra de lo establecido por las normas internacionales de derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Sin el derecho a la unificación familiar, miles de ciudadanos palestinos de Israel y residentes de Jerusalén tienen que vivir ilegalmente con sus cónyuges, temiendo a diario la expulsión, o el tener que sacar a toda su familia del país”
“En el Ministerio del Interior me dijeron que o me divorciaba o me iba a vivir a Cisjordania. Pero yo amo a mi esposo y él me ama a mí, y no queremos divorciarnos, y yo no quiero llevar a mis hijos a vivir a Cisjordania, en medio de una guerra y una situación de inseguridad”, dice Salwa Abu Jaber, ayudante de guardería, de 29 años, de Umm al-Ghanam, en el norte de Israel
El ejército israelí también ha suspendido desde finales del año 2000 los procedimientos de unificación familiar para los residentes palestinos de los Territorios Ocupados casados con ciudadanos o residentes de otros países
El gobierno de Israel ha justificado la prohibición de la unificación familiar basándose en razones de “seguridad” y alegando que la ley tiene como finalidad reducir la amenaza potencial de ataques a Israel por parte de palestinos. Sin embargo, ministros y autoridades israelíes han descrito repetidamente el porcentaje de ciudadanos palestinos de Israel como una “amenaza demográfica” y una amenaza a la naturaleza judía del Estado. Esto sugiere que la ley forma parte de una larga política dirigida a restringir el número de palestinos a los que se permite vivir en Israel y Jerusalén Oriental
Amnistía Internacional pide a las autoridades israelíes que: deroguen la Ley sobre Ciudadanía y Entrada en Israel y reanuden el procesamiento de las solicitudes de unificación de acuerdo con el principio de no discriminación; procesen las miles de solicitudes atrasadas y reexaminen las solicitudes denegadas antes de la suspensión del procedimiento; den a todos las personas cuya solicitud se deniegue información detallada sobre los motivos de la denegación, para que estos solicitantes puedan impugnar la decisión.
